LAS TIERRAS BALDÍAS DE LA COMARCA DE JAÉN EN LA 1ª MITAD DEL SIGLO XIX (En Mágina, nº 1 (primavera 1996). Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira. Jaén, pp. 121-133).

Juan Antonio López Cordero

 

 

1. Introducción.

 

            En la primera mitad del siglo XIX se produce una dismunición de la superficie baldía^[1] jiennense, que tiene como principal causa la acción antrópica. Es un proceso deforestador y roturador que viene sufriendo la comarca de Jaén desde principios de la Edad Moderna^[2] y que continúa en esta primera mitad del siglo XIX. También es un período de transición y ensayo del fenómeno desamortizador, el cual tanto influirá en el aumento de la superficie de cultivo a costa de las tierras comunales -en gran parte de monte- y la deforestación.

            El concepto de comarca de Jaén que damos en este trabajo es un tanto artificioso. Ya fue utilizado por Juan Enrique Nieves Carrascosa en su libro "La desvinculación de la propiedad en la comarca de Jaén durante la primera mitad del siglo XIX (1798-1845)"; con él nos referimos a un espacio físico que comprende principalmente el término de la ciudad de Jaén y algunas localidades de su periferia, que en otra época formaron parte de su alfoz, y además presentan en su conjunto un paisaje variado, con tierras de campiña y de montaña.

            Por otra parte, un elemento nuevo surge en este período como gran enemigo de los baldíos: la burguesía, una clase social en alza, revolucionaria en esta época, con un concepto sagrado de la propiedad y una idea de rentabilidad que van a ser fundamentales en la enajenación de los bienes de "manos muertas". En ello influirá también el pensamiento de conseguir una amplia capa social de propietarios, puntales del régimen liberal y solventar con la venta de estas tierras la cuantiosa deuda del Estado.

            Esta primera mitad de siglo se caracteriza, como en siglos anteriores, por un paulatino ataque a los baldíos, que tiene como puntos álgidos las etapas de liberalismo revolucionario. En cierta forma, constituye un ensayo que tendrá su cenit con la desamortización de Madoz, en 1855, ya en la segunda mitad del XIX.

 

2. Reforestación, talas e incendios.

 

            El siglo XIX comienza con las mismas medidas ilustradas del siglo pasado. Continúa como eje central de la protección de los baldíos la Real Instrucción de 12 de diciembre de 1748, sobre la conservación y aumento de montes y plantíos. Todos los vecinos de cada pueblo, desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero de cada año, debían hacer los plantíos y sembrados de árboles, de lo cual los justicias tenían que enviar testimonio a los corregidores de las cabezas de partido, debiendo cercarse el tiempo oportuno para hacerlos. Al partido de Jaén, que comprendía su subdelegación de montes, pertenecían los siguientes poblaciones: Jaén, Albanchez, Cambil, Carchelejo, Campillo de Arenas, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Fuerte del Rey, La Guardia, Jimena, Garcíez, Huelma, Mengíbar, Noalejo, Pegalajar, Torrequebradilla, Torredelcampo, Torres, Valdepeñas, Los Villares, Villargordo y Villardompardo. Entre los que se hallan incluidos los pueblos de la comarca de Jaén, excepto Mancha Real.

            El estado de los plantíos realizado en los pueblos de la comarca en 1815 y 1816, según la R. I. de 1848, era el siguiente:^[3]

 

 

 

            Hubo también un intento de ordenación arbórea del monte en la Dehesa de Potros de Riocuchillo, en 1801, perteneciente a los propios de Jaén, a cargo del caballero veinticuatro Francisco de Paula Quesada y de Fernando de Contreras y Juan Antonio Santos de Quesada, comisarios y diputados  del negociado de Cría de Yeguas y Caballar de los criadores de la ciudad. El arbolado de la Dehesa de Riocuchillo había sido destruido por continuas acciones, de tal forma que las matocadas de chaparros y encinas se había apoderado de la Dehesa, impidiendo los pastos del ganado. La solución que proponían era una "limpia y entresaco de dichos matorrales de chaparros, pues quitando las malezas y dejando los claros,... se nutrirían, criarían y crecerían los demás, y guardándolos para impedir un nuevo destrozo".

            Esta labor se consideraba antieconómica por los peritos, por ser mayor el gasto que la utilidad y provecho, al reducirse la limpia y entresaco al ramaje y pies de chaparros pequeños. No obstante se realizó y se obtuvo algún beneficio augurándose un buen futuro, "pues criado el monte se arrendaría el fruto de la bellota, que nunca lo ha habido", también el fruto de la alhucema, cuyas rentas podían contribuir al arreglo de la dehesa^[4]. Finalmente, esta obra no tuvo continuación a largo plazo, desapareciendo el arbolado en los años siguientes.

Posteriormente, se realizaron también plantaciones de álamos en la ciudad de Jaén, cuyos pagos venían recogidos en libros de registro: 1829 (1.920 rs.), 1830 (1.158 rs.), 1831 (1.344 rs.) y 1835 (1.840 rs.)^[5].

            Como en el siglo pasado, la mayor parte de los pueblos realizaba las plantaciones en las riveras de los ríos, periódicamente sometidas a inundaciones. Así vemos que el pueblo de La Guardia manifestaba haberse ejecutado "en el presente año por los vecinos de esta villa el plantío, guía, limpia y demás operaciones que previene la citada Real ordenanza en las alamedas, sotos y demás arbolados del término de este pueblo (y no en montes ni bosques por no tenerlos)"^[6]. Otro pueblo, el de Pegalajar, reconocía no tener fanegas de tierra acotadas, pero sí cien fanegas sembradas, y haber plantado entre 1808 y 1816 34.900 árboles, y guiados desde la misma época 698, "la mayor parte cortados y derribados por los uracanes a virtud de las que más que los años anteriores a sufrido el monte y que no han tenido otro objeto que para leña". Torredelcampo y Los Villares son los pueblos que, al parecer, cumplen con más formalidad la R. I. de 1749, que, pese a sus deficiencias, es el única medida de mentalización y control de la desforestación en estos años. De todas formas muy cuestionada, como se aprecia en el siguiente párrafo del coetáneo Francisco Carlos de Lanuza:

      

   "El labrador de este país ha seguido la marcha de sus antepasados en el cultivo de las producciones naturales. Acostumbrado a recoger los copiosos dones de las naturaleza a costa de pocos afanes, no ha tratado jamás de dar otros beneficios de que son suceptibles estas campiñas y tierras de labranza, ni de mejorar su arbolado"^[7].

 

            Por la misma época, a través de las denuncias que se presentan en la Subdelegación de Montes y Baldíos de Jaén, podemos observar las continuas talas de arbolado en los más diversos parajes, entre los que lógicamente destacan las sierras, lugares más difíciles de vigilar y donde se encontraba mayor superficie arbórea. Entre 1802 y 1807, nos encontramos con cortas de álamos negros en la Huerta de Jaén, pinos en Sierra Mágina ‑Pegalajar y Huelma‑, chaparras en los sitios de Quiebrajano, Nava de la Pandera y Cerro Quemado de Jaén, encinas quemadas en Nava Alta de Campillo de Arenas, etc.^[8]. Frente a la agresión al bosque, no podían hacer mucho los guardas encargados de la custodia y conservación de los montes de propios y comunes del término de la capital, dos en la Sierra de Jaén y entre dos o tres en Mata Begid^[9].

            Otro gran enemigo del arbolado eran los incendios, relativamente frecuentes en la Sierra, cuyas causas eran muy diversas, no siendo extrañas las intencionadas. Por ello, en julio de 1840, ante el gran número de incendios, el Jefe Político de la Provincia, Francisco Muñoz Andrade, emitió un bando con una serie de medidas con el fin de evitarlos, que por su importancia recogemos a continuación en el texto:

 

      "Hago saber: Que habiendo demostrado la esperiencia los estragos que han sufrido los montes y arbolados de esta Provincia en los años anteriores durante la presente estación, de resultas de los fuegos que se han encendido por la malicia de unos, y la falta de precaución de otros; y siendo un deber de las Autoridades locales, y de todos los vecinos de los pueblos donde desgraciadamente ocurran contribuir respectivamente á su pronta estinción con celo y actividad, para impedir sus ruinosas consecuencias, ordeno y mando lo siguiente.

      Artº. 1º. Todos los guardas, pastores, labradores, carreteros, cazadores y demás personas que habiten en los montes y despoblados, o que transiten por ellos encenderán lumbre únicamente para preparar sus comidas, y calentarse cuando el frío sea mucho; ejecutándolo en sitios rasos y limpios de maleza, brozas, pastos secos y otras materias combustibles, y la colocarán en hoyos profundos cercados de piedra y tierra; y luego que concluyan la apagarán de modo que no quede recelo de que pueda avivarse.

      Artº. 2º. No se permitirá poner fuego a las talas y rozas hechas en terrenos montuosos ni a rastrojeras inmediatas a los arbolados hasta que pase el día 8 de Setiembre, previa la competente licencia que franqueará gratis el Administrador de montes del partido á que corresponda el pueblo; si los arbolados se componen solo de olivos y frutales se espedirán las licencias por los Alcaldes.

      Artº. 3º. Tampoco se permitirá fabricar carbón, cal, ceniza, yeso, teja, ladrillo, pez, miera y demás en terrenos poblados de árboles o matorrales hasta que llegue el citado día 8 de Setiembre y con la condición de obtener permiso por escrito del Administrador de montes respectivo.

      Artº. 4º. Se prohibe a los cazadores poner fuego a las madrigueras donde se encierran conejos, zorras y demás alimañas, y cargar las escopetas con esparto o pasto seco.

      Artº. 5º. Todas las personas que vieren fuegos en los montes y arbolados están obligados a dar sin dilación prontos avisos a los encargados de ellos, guardas y justicias de los pueblos inmediatos, como igualmente a auxiliar y contribuir a su extinción, siempre que sean invitados, bajo su más estrecha responsabilidad, por lo mucho que interesa este servicio al bien general del Estado y al particular del vecindario.

      Artº. 6º. En los terrenos donde haya maderas cortadas para cualquiera aplicación que sea, no se encenderán lumbres, a doscientas varas al rededor de ellas por las personas ocupadas en su elaboración y custodia ni por ninguna otra.

      Artº. 7º. Los contraventores a estas disposiciones serán castigados con todo el rigor de las leyes.

      Artº. 8º. Los Alcaldes Constitucionales de los pueblos, los Administradores de montes de los partidos, y todos los guardas de montes y de campo quedan encargados bajo su inmediata responsabilidad de la ejecución de cuanto se ordena en el presente bando.

      Jaén 13 de Julio de 1840.

      Francisco Muñoz Andrade. El Secretº. interino, Luis Huet."^[10]

 

            En este texto se recogen las posibles causas de los incendios, ordenando medidas para evitarlos. Son medidas de prevención y extinción en general positivas, aunque de difícil aplicación en esta época. La ausencia de una vigilancia organizada, de técnicas de extinción y de instrucción de personal, hacían que cualquier incendio pudiese alcanzar importantes proporciones. Es el caso del incendio que tuvo lugar en Puerto Alto la noche del 26 de julio de 1849. El personal de extinción se concentró en el sitio de Cabeza Gorda, que era el foco "más temible por estar contiguo a olivares". Otro foco se extendió por la Cañada del Zapatero, "un terreno fragosísimo y casi impracticable", de espeso monte. Allí tuvieron que acudir tropas del ejército de la guarnición de Jaén para colaborar en la extinción.

            Al día siguiente se reprodujo el fuego en la Cañada del Zapatero, también en Cabeza Gorda y Cerro Machuelo, siendo preciso renovar los trabajos hasta la tarde. Más de 400 cuerdas de monte quedaron destruidas, según el cálculo de los peritos, pero sin acontecer desgracia personal alguna "en medio de los grandes riesgos y peligros que a cada momento se presentaban". Este incendio fue provocado y su autor detenido^[11].

   

3. Las roturaciones.

 

3.1. Roturaciones en las dehesas de los cortijos de la campiña.

 

            Desde época medieval existían en los cortijos de Jaén dehesas, llamadas también ejidos, de propiedad particular. En un principio estaban destinadas para el ganado de labor de los cortijos, pero en ellas pastaban toda clase de ganado propiedad de los labradores. Con el tiempo estas dehesas habían ido perdiendo extensión en favor del espacio roturado, pero entre 1804 y 1805 se comenzaron a roturar masivamente por parte de los labradores de los cortijos, basándose en el dominio particular de los terrenos y en "las críticas ocurrencias de los tiempos", que aconsejaban "cambiar en labrantío lo pastable", además de la conocida ventaja de sembrar en terrenos holgados y beneficiados por la estancia de ganados; no faltando el socorrido argumento de previsión frente a la langosta:

      "insectos que propagándose con rapidez temible por destructora, causan los estragos de la plaga deboradora de los sembrados, sin que haya otro arvitrio á exterminio que la rotura por el arado"^[12].

              Hacía bastantes años que la ciudad de Jaén no conocía la plaga de langosta, aunque en 1805 comienza a desarrollarse en Vilches y otros pueblos de la zona. La roturación de los terrenos aovados de langosta ‑que solían ser los baldíos sin vegetación arbórea‑ era la medida más eficaz contra ella. Una vez roturados, era frecuente que pasasen a ser tierras de cultivo. Lo que no era el caso de las dehesas de los cortijos, por no existir aovación de langosta en estos años.

            Otra causa fundamental de estas roturaciones fue la cortedad de cosechas de años anteriores, que había provocado la "ruina de tantas familias". La necesidad de trigo llevó a romper parte de los ejidos y dehesas, tierras vírgenes en un primer momento de gran rendimiento, extendiéndose de forma generalizada entre los labradores. En 1804‑1805 se roturaron las dehesas de los siguientes cortijos:

 

 

            En total eran  730 fanegas 12 cel. las roturadas en las dehesas de los cortijos. Estos hechos fueron denunciados por el Alguacil Mayor de Montes y Plantíos, Vicente Pérez, como roturaciones condenadas por la Real Ordenanza de Montes. La Confraternidad de Labradores de Jaén defendió las roturaciones realizadas e incluso pidió ampliarlas para la prevención de una posible extensión de la plaga de langosta, y recurrió al Rey pidiendo el sobreseimiento del caso, lo que le fue concedido en 1806 por real cédula^[13], sentando así la sentencia de desaparición de muchas de las dehesas de los cortijos. No obstante, las necesidades de tierras adehesadas para los ganados de aquellos llevó al mantenimiento de algunas en los lugares menos aptos para el cultivo, como la de las Infantas, situada en los márgenes del río Guadalbullón, un terreno yermo que en 1878 fue desamortizado por haber sido incluida dentro de los bienes del Convento de San Juan de Dios de Jaén, de lo que se quejaron los labradores, por ser utilizada por ellos desde tiempo inmemorial como dehesa de aprovechamiento común^[14].

   

3.2. Roturaciones y reparto de tierras en la Sierra de Jaén.

 

            Por otra parte, las tesis liberales que empiezan a despuntar con la Ilustración tienen su continuación en el siglo XIX. El planteamiento de Jovellanos^[15] se plasma en la Constitución de 1812, con lo que se inicia una nueva fase de repartos de tierras y se dispone la conversión en propiedad privada de las tierras baldías, realengas y de propios, que apenas tuvo tiempo de llevarse a efecto, pues quedó derogada en 1814. Posteriores decretos en 1818, 1820 y 1822, tampoco tuvieron resultados prácticos importantes. Sin embargo, el ramo de propios sufrió un importante expolio.

            Sin duda, las épocas revolucionarias del siglo XIX han sido muy propicias a las roturaciones de los baldíos. El ansia de tierra del pequeño labrador y el jornalero hicieron del reparto de tierras una cuestión popular, ya planteada por algunos ilustrados, que no escapó a la visión política  de los gobiernos revolucionarios. En la ciudad de Jaén, con la Guerra de la Independencia y el primer planteamiento liberal que tiene lugar con la Constitución de 1812, se realizan roturas en diferentes lugares de la Sierra ‑año 1813‑ como Jabalcuz y San Cristóbal; tierras que continuaron en posesión de los roturadores después de la contienda, tras el retorno del Absolutismo, sujetas a un canon anual^[16]; y tras una serie de  investigaciones  ordenadas  por el  Juez  Conservador  de Montes, Plantíos y Sementeras del Reyno, Domingo Fernández de Campomanes, que comunicó al Corregidor Subdelegado de  Montes de Jaén, Ramón de Torres, lo siguiente:

 

  "Uno  de los graves males que se han ocasionado  al  Estado  en las pasadas turbulencias  son los muchos  rompimientos  de terrenos que se han executado  arbitraria e ilegalmente; y debiendo tener la Conservaduría de  mi  cargo  noticia  exacta  de  los  que  sean  para  las  reformas  que  correspondan,  prevengo... se acredite qué  terrenos  comunes  realengos  y  de  propios  se  han  roto  en  su   respectiva  jurisdicción  en  los siete últimos años: en  virtud  de  qué  licencias ó facultades: de qué numero de fanegas ú obradas se  componen: si estaban poblados de monte y de qué clase: si  se  han  distribuido por suertes entre los vecinos, y  si  abonan  por ello el canon correspondiente... Madrid, 23 de  diciembre  de 1814"^[17].

     Años después, el período revolucionario del Trienio Liberal, 1820‑1823, dio lugar a nuevas roturaciones y repartos de tierras baldías^[18]. Hechos consumados que también tuvieron que ser aceptados tras el fin de la nueva experiencia de gobierno liberal, pese a las intenciones de restituir las tierras a su condición anterior en un primer momento.

    Tras la restauración del Absolutismo, el Supremo Consejo de Castilla, por orden del 31‑enero‑1824 restableció la Contaduría Principal de Propios y Arbitrios del Reino al estado que tenía en 7 de marzo de 1820, siendo nombrado contador general José Echevarría, que ordenó la formación y presentación de las cuentas de los fondos de propios durante los años pasados,