LINARES A MEDIADOS DEL SIGLO XIX: EL AGRO EN CRISIS

Juan Antonio López Cordero

 (Publicado en Actas de las II Jornadas sobre Historia y Cultura de Linares. Asociación de Amigos de los Archivos Históricos Diocesanos de las Catedrales de Baeza y Jaén. Jaén, 2003, pp. 7-26).

Introducción

            Mediados del siglo XIX es un período fundamental en la historia de Linares. Supone los inicios de un cambio brusco en todos los sentidos. La intensa inmigración es el factor de cambio más importante, que influye también en el urbanismo, con el crecimiento del núcleo urbano, y en la cultura tradicional. En el aspecto económico, la minería alcanza un auge como antes nunca había tenido, desplazando en importancia al hasta entonces principal sector de producción, la agricultura. También en el vida político-administrativa Linares va exigir el puesto que le corresponde frente al antiguo centro jurisdiccional de Baeza, ello culminará con la concesión del título de ciudad en 1875 y la constitución de un juzgado de 1ª instancia en 1876.

            Las comunicaciones se vieron afectadas por las necesidades que generó el comercio del plomo y la actividad paralela derivada del mismo. Así, en 1849, comenzaron las obras de la carretera que uniría Albacete con Úbeda y Linares, y años después se acordó potenciar la construcción de un camino entre Linares y Bailén que conectaría con el camino real de Madrid a Sevilla; y en 1863 de nuevo se pide la comunicación con la capital enlazando con la carretera Bailén Málaga^[1]. Otros caminos que se mejoraron en este período son aquellos que se dirigen a las minas, al norte del término municipal, fundamentales para la comunicación y comercialización del mineral.

            También el ferrocarril se aproximó a Linares. Desde el primer momento en que se introduce en la provincia —en 1865 se inaugura la línea Manzanares a Córdoba— se buscó un acercamiento para abaratar costes de producción. Fundamental en este sentido fue la construcción de tramo férreo Vadollano a Linares en 1877. Al final de la década de 1870 atravesaban el término de Linares 37 km. de ferrocarril, de los que 8,5 km. correspondían al enlace de la línea general de Andalucía con Linares, 9 km. al ramal de circunvalación de las minas, y 19,5 km. a la línea general^[2].

            Es esta una revolución producto de la coyuntura internacional de la época que lleva a una revalorización de los precios del plomo, a la aplicación de nuevas tecnologías en la minería, a la introducción de capital extranjero, a la mejora de las vías de comunicación, etc.; múltiples factores que convergen en el desarrollo minero del Norte de la provincia, que tiene a Linares como centro de este proceso, que alcanza su cenit en la segunda mitad del siglo XIX. Este proceso deja en segundo plano la tradicional base económica de Linares: la agricultura.

Población

            De 1792 a 1877 el ritmo de crecimiento de la población de Linares en comparación con la  provincia y ciudad de Jaén, fue el siguiente^[3]:

            La entrada del régimen demográfico moderno en España que se produjo a finales del siglo XVIII no suprimió del todo el viejo mundo demográfico, sino que incorporó supervivencias que actuaron a modo de freno. En la provincia de Jaén podríamos citar a mediados de siglo las epidemias de cólera de 1834, 1854-55 y 1860, junto con las periódicas crisis de subsistencias, como las de 1847, 1856-57 y 1868. A pesar de ello, la población de la provincia experimentó un notable crecimiento. Es una población eminentemente campesina, aunque surgen con carácter local algunos brotes aislados anunciadores de la sociedad industrial, como es el caso de la minería en Linares.

            Desde mediados del siglo XVIII, en consonancia con la tónica del crecimiento demográfico español, la población giennense experimenta un crecimiento continuo. En el siglo XIX esta tendencia continúa. Tras la crisis bélica de la Guerra de la Independencia, según el censo de Miñano, cuyos datos fueron reunidos en gran parte por las noticias que le enviaban los párrocos de las poblaciones y censos oficiales. Podemos observar en estas primeras décadas del siglo XIX un saldo positivo en general en la provincia, así como en Jaén capital y Linares.

            El crecimiento poblacional sufre un duro frenazo en la década de 1830, con una disminución de la población en casi todos los pueblos de la provincia, a lo que no es ajeno Linares y Jaén. Las causas que la provocan son de todo tipo: políticas, como la Guerra Carlista que azota el país, económicas, como la desamortización; y sociales, motivadas por la situación del campesinado, muy sensible a las malas cosechas y epidemias, como el cólera de 1834, traducidas en hambrunas y mortandad. Son rémoras de la vieja demografía catastrófica.

            A partir de 1840, la recuperación demográfica es rápida en toda la provincia. Nunca hasta entonces la población giennense había crecido tanto en tan poco tiempo. El período de paz interior, mejoras sanitarias, mejoras en las vías de comunicación, relativa ausencia de epidemias —salvo el cólera de 1854-55— y escasez de crisis graves de subsistencia, que se dan en esta época, influyen notablemente en este crecimiento demográfico. La ciudad que experimentó una subida espectacular durante la década de 1850 fue Linares, motivada por el auge minero, pasando de una población casi estancada en la primera mitad del siglo XIX, a un crecimiento del 86 % en sólo diez años.  Tendencia que continuará en las décadas siguientes.

Minería

            El alto crecimiento poblacional está basado en la inmigración, en la necesidad de mano obra para la minería que inicia un importante despegue a mediados del siglo XIX. Anteriormente,      la mayor parte de la población linarense estaba dedicada a la agricultura. La minería era un tradición que en los primeros años del siglo XIX continúa en la tónica moderada del siglo anterior. Era la personificación, no obstante, del sector industrial giennense, puesto que el resto de actividades industriales en la provincia no eran más que un apéndice de la agricultura destinadas a cubrir las necesidades de los mercados locales o comarcales; tales eran los molinos de aceite y harina, fábricas de curtidos, paños, etc.

            El despegue minero de Linares se produjo cuando se superaron una serie de problemas técnicos y se adoptaron medidas legislativas que permitan la entrada de capital extranjero. Había en la década de 1820 en el término de Linares muchas minas de plomo, alcohol, cobre y galena; siendo las mas importantes las de Arrayanes, situada a media legua de la población, las de los Alamillos, La Cruz, Los Pinos, Cañincosa y Palazuelos, explotadas por la Real Hacienda^[4]. Esta situación cambió en 1825, cuando se publicó el decreto de libre explotación de minas. Linares quedó como sede la Inspección de Minas del distrito de su nombre, que comprendía la provincia de Jaén, parte de Córdoba y la de Ciudad Real. El inspector era también el director de la mina de los Arrayanes, una de las que se reservó el Estado en 1825. A mediados de la década de 1840 la producción anual de las principales minas era ya de 55.000 quintales de mineral de plomo, que se realizaban en las fábricas del Establecimiento Nacional, “con tres hornos reverberos y dos pares de manga muy bajos; la de San Narciso, con dos reverberos; la de San Guillermo, con dos reverberos y dos de manga semialtos; la de San José, con dos reverberos y uno de manga; la de Cañada-incosa, con un reverbero; y la de la Cruz; que comenzó a funcionar en 1847, perteneciente a una sociedad francesa. Este despertar de la industria minera, que se estaba produciendo, se encontraba con una serie de inconvenientes, como el excesivo precio del combustible mineral, la falta de medios de transporte, la abundancia de aguas y la carencia de innovaciones técnicas.

            El despegue económico vienen marcado a partir de 1850 por una serie de nuevas leyes, como la de abril de 1849 y sobre todo la ley de Minas de 1859, que dio lugar a una mayor liberalización del sector minero, caracterizado por una progresiva penetración del capital extranjero, unido a la permisión de exportar el mineral en bruto fuera de nuestras fronteras y por los bajos salarios. Aparecen compañías inglesas, francesas, alemanas, etc. Esta introducción del capital extranjero se debe también al abandono de gran parte de las concesiones que tenía el marqués de Remisa en este distrito, entre las que se encontraban el establecimiento estatal de Arrayanes, la Cruz, o Pozo Ancho, a causa del elevado costo de mantenimiento, provocado por el problema de los desagües y la primitiva mecanización de sus instalaciones. Su lugar fue ocupado por sociedades extranjeras, como la sociedad francesa Neufville, que explota el yacimiento de la Cruz, o de la inglesa The Linares Lead Mining Co —agencia de la londinense J. Taylor & Taylor, famosa en el ramo minero—, que exportará el de Pozo Ancho.

            La inversión de maquinaria tuvo gran éxito, extendiendo sus promotores las actividades por el distrito, así en 1854 los Taylor fundaron The Fortuna company Limited, en 1863 The Alamillos Company Limited y en 1866 anexionaron el rico criadero de Los Quinientos.

            Otra compañía extranjera fue The Spanish Lead Mines Co, fundada en 1864 para explotar las minas de la tortilla y las Angustias. En estas compañías destacaba como socio el inglés Thomas Sopwith.

            Otros industriales ingleses que explotaron minas en Linares fueron la familia Englisch, que explotó minas linarenses como Enriqueta, Santa Catalina o la Irlandesa; y los Hasselden, que en 1865 explotaban las minas de Arturo y San Alonso^[5].

            Con estas compañías surgió una nueva tecnología que utilizaba la máquina de vapor para mover los malacates y agilizar el proceso de desagüe, lo que daba lugar a una gran productividad, pasando de un índice 100 en 1861 a 219 en 1867^[6].

            Los altos precios del plomo a partir de 1850 motivaron un gran incremento en la inscripción de nuevas minas, muchas de las cuales estaban abandonadas y ahora vuelve a ser utilizadas, secuencia que puede ser seguida a través de los boletines oficiales de la provincia de Jaén. En 1864 eran ya 275 minas las explotadas en Linares, sin contar con las del Estado. Se consideraba necesario un ramal de ferrocarril que empalmara con la estación de Vadollano, pues la exportación de mineral se calculaba en 2.280.000 arrobas y la de albayalde en 7.600. Y, por el contrario, necesitaba importar 608.000 arrobas de carbón de piedra para la maquinaria que empleaba^[7]. El crecimiento minero de Linares a lo largo del período isabelino queda reflejado en el siguiente cuadro^[8]:

            La situación del proletariado que trabaja en las minas de Linares era penosa, bajos salarios, viviendas insalubres, condiciones de trabajo pésimas, largas jornadas de trabajo,... Los niños de desde corta edad y muchas mujeres trabajaban como auxiliares en las minas y con frecuencia los obreros dormían a la intemperie en los mismos lugares de trabajo. Esta situación se agravaba con la falta de higiene y las emanaciones del plomo^[9].

Agricultura

            Coincidiendo con este desarrollo minero, la anterior principal base económica de Linares, la agricultura pasa a un lugar secundario. Sobre ella repercute no sólo el proceso desamortizador de mediados del siglo XIX, sino también el desarrollo minero. Ambos van a incidir en la transformación de la propiedad y del paisaje linarense.

             La superficie del término de Linares dedicada a cultivo era del 64 % del total. El número de propietarios labradores era escaso -159 en 1868- comparado con el de jornaleros —967 en 1868—. Entre los propietarios había algunos terratenientes, como el vizconde de Begíjar^[10].

            Se puede afirmar que  en estas décadas centrales del siglo XIX se están iniciando toda una serie de cambios sociales, políticos y económicos, que tendrán su más clara expresión en el período de la Restauración. Es un período de transición entre dos épocas, y como tal, sometido a tensiones político-sociales a las que no serán ajenas las crisis agrarias.

            Entre 1836 y 1845, en la propiedad de la tierra se había producido un gran cambio con la desamortización de los bienes eclesiásticos, al que vino a sumarse el proceso desamortizador que arranca en 1855 y duraría hasta principios del siglo XX, afectando especialmente a los bienes de propios y beneficencia, lo que supuso el mayor cambio de propiedad que hasta entonces se había conocido. Fue un proceso basado en el principio de libertad de mercado, yendo a parar la mayoría de estos bienes a la burguesía y clases acomodadas, desaprovechándose la oportunidad de transformar la base misma de la agricultura española.

            En Linares, según el censo de 1886, el cereal mantiene su dominio con 8.815 has., el 46 % del término municipal; seguido del olivar con 3.201 has., el 17 %; mientras que el cultivo de la vid es prácticamente insignificante.

Repercusiones de la minería en el paisaje linarense

            El crecimiento experimentado en la zona tras el desarrollo de la minería, que había provocado la apertura de muchas minas en la sierra y en las proximidades de los montes públicos, trajo consigo una importante demanda de leña y madera para la construcción de las galerías, viviendas y combustible, aunque gran parte de la madera era de pino y procedía de la Sierra de Segura, otra parte no menos importante era de las encinas de los montes públicos de Sierra Morena. Sin embargo, al contrario que otras poblaciones como Guarromán o Baños, donde se llegó a índices de deforestación importantes, y donde incluso algunas compañías madereras sobornaron a los ayuntamientos o provocaron incendios de gran amplitud para camuflar cortas y talas de arbolado abusivas, en Linares este proceso no fue tan dramático, pues han llegado hasta nuestros días dehesas anteriormente públicas y hoy perfectamente conservadas^[11].

Repercusiones del crecimiento demográfico y la política desamortizadora en el agro linarense

            El crecimiento de las roturaciones en los montes públicos se agudiza a raíz de la desamortización de Madoz con la ley de 1 de mayo de 1855 y posteriores, a lo que no es ajeno el importante crecimiento demográfico de Linares. Esta desamortización incide principalmente sobre los bienes de Beneficencia y los municipales, sobre todo estos últimos.

            Los bienes de la Beneficencia de Linares afectados en la primera etapa de esta desamortización, 1855-1856, fueron los siguientes:^[12]

            No era una cantidad muy importante de tierra, pero significativa en el proceso de cambio de propiedad, que ya se inicio con la desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1836. Es el reflejo de un pensamiento liberal que trata de rentabilizar más la tierra con su posesión en manos privadas, a la vez que conseguir fondos para las mermadas arcas del Estado.

            La desamortización de los bienes de propios municipales fue más significativa, especialmente en los montes públicos. En el catálogo de 1859, los montes públicos de Linares eran los siguientes:^[13]

            En Linares eran nueve montes públicos, propiedad del Ayuntamiento, con un total de 5.806 has., el 29 % del término municipal. Estos montes tenían una principal utilización ganadera, y, en menor medida, forestal y agrícola, una gran extensión de tierras en poder municipal. Su utilización como dehesas atraía a los rebaños trashumantes a través de las vías pecuarias que desde la Meseta confluían en Sierra Morena, donde invernaban, pero tras el declive de la Mesta eran utilizados por la ganadería local y comarcal.

            En los catálogos de montes públicos que se publican más adelante, ya no figuran estos montes, porque fueron desamortizados. Algunos de ellos sufrieron un alto índice de agresión a través de incendios, roturaciones, cortas ilegales, carboneo,... unido a la necesidad creciente de madera para la construcción y combustible.^[14]

Plagas de langosta

            Además de las consecuencias político-legislativas y económico-mineras que afectaron al agro linarense, se dan otras no menos preocupantes como son las periódicas sequías y plagas como la langosta, que durante esta época asoló  frecuentemente el norte de la provincia y especialmente Linares. Así vemos que en la década de 1830, en un ambiente de crisis generalizada, no faltó la langosta. En 1832 y 1834 ya había dejado sentir sus efectos en el sur de Francia, y a partir de 1834 comienza a desarrollarse en algunos puntos de la Península^[15]. También en este año aparece en la provincia de Jaén, coincidiendo con años de sequía, cólera y crisis de subsistencias.

            En abril de 1835, el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda autorizó que los ayuntamientos de los pueblos giennenses afectados utilizasen sus fondos de propios y aun también de una contribución entre los propietarios del territorio sobre las bases de la exacción de Paja y Utensilios para los fines de extinción, y que el Intendente colaborara en dicho objeto, adoptando las más enérgicas providencias. La circular recomendaba las reglas prevenidas en la R. I. de 1755 y adicional de 1783, que se hallaban en la colección de Reales Decretos e Instrucción de 30 de julio de 1760 y en la real resolución de 13 de diciembre de 1804, título 31 y libro 7º de la Novísima Recopilación, de cuya observancia se encargaba el Intendente de la provincia. También ordenaba la formación de una junta, compuesta de seis u ocho individuos entre hacendados y eclesiásticos de la mayor confianza, que bajo la presidencia del Gobernador Civil, pusiese en estrecha observancia las reales instrucciones, comunicando a los pueblos cuantas disposiciones les surgiera su celo para el exterminio de tal calamidad y, al mismo tiempo, exigía la debida responsabilidad a los ayuntamientos, "que sordos a los mandatos para el bien general, se hiciesen morosos en comunicar las noticias que la misma les pida y poner en propia ejecución sus determinaciones"^[16].

            En el mes de mayo de 1835, se recibió aviso en el Gobierno Civil de haberse presentado varias manchas de langosta en la dehesa de propios de Canena, situada en el término de la villa de Vilches. Este Ayuntamiento no adoptó medida alguna para su exterminio, que el Gobierno Civil consideró de "punible apatía", imponiéndole una multa de 200 ducados, aplicables a los gastos de extinción de la plaga^[17]. Un año después, en 1836, el desove de la langosta, ubicada desde el año anterior en el norte de la provincia, dio lugar a la aparición de bastantes manchas del insecto en las dehesas del caudal común y particular de Vilches, Arquillos, Canena, Rus y también Linares, donde existían amplias zonas sin roturar, preferidas por la langosta para su ovación y de difícil roturación. La gran extensión de monte de Sierra Morena ha sido siempre un lugar idóneo para la reproducción del insecto y desde donde en diferentes épocas se han extendido sobre la provincia grandes nubes de langosta.

            En un primer momento, para su extinción, la Diputación Provincial autorizó a los pueblos acudir al 20 % de los ingresos de Propios en calidad de reintegro, mientras ordenaba a los pueblos invadidos adoptar una serie de medidas, como la orden de campañas de destrucción del insecto en los meses de diciembre y enero, cuando se hallaba en la fase de canutillo y antes de la desovación, para lo cual debían introducirse piaras de ganado de cerda, pudiendo disponer además de los productos de los arriendos de las dehesas del dicho caudal común. El alcalde de Linares fue comisionado para la dirección de los trabajos, cuyos gastos en gran parte debían cubrirse con un prorrateo entre los dueños de los terrenos. Los vecinos de los pueblos limítrofes también habían de acudir al exterminio de la plaga.

            De hecho las autoridades provinciales consideraban como causas de propagación "la situación de las dehesas en la inmediación de Sierra Morena, la falta de lluvias y el calor del estiércol del ganado merino a cuyo pasto están dedicados” y proponía como único remedio el ararlas y reducirlas a cultivo.

            Por las dificultades en la extinción de la plaga y los "horrorosos estragos" producidos, la Diputación acudió a las Sociedades Económicas de Amigos del País de Baeza y Úbeda para que le facilitasen sus ilustrados conocimientos; también concedió a los pueblos afectados los fondos de propios sin el perjuicio de reintegro; y formó una comisión de diputados para elaborar un informe.

            La primera en contestar fue la de Úbeda, el 3 de marzo de 1837, dividiendo su informe en dos puntos. El primero trataba sobre los medios a emplear para evitar el desarrollo del insecto, aconsejando a la Diputación nombrar una persona de su total confianza que reconociera los términos de los pueblos invadidos, y hacer que se amojonasen los distintos sitios donde se advirtiese su aovación, con la concurrencia de un perito del ayuntamiento y dos del pueblo al que perteneciese el terreno, obligando a los dueños o apoderados a arar con dos vueltas los terrenos susceptibles de ello y cavar los demás, haciendo que los ganados de cerda entrasen a destruir el canutillo, a pesar de la resistencia que opusiesen sus dueños por evitar el perjuicio que les ocasionasen a sus hierbas. El segundo punto trataba de la extinción de la plaga después de desarrollado el insecto, aconsejando "matarla por brazos", pagándose por arrobas, como lo había hecho Genaro Lanzas —comisionado por el Gobernador Civil—, a cuya actividad se debió la destrucción de más de 5.000 arrobas de insectos.

            El 12 de abril de 1837 contestó la Sociedad Económica de Baeza, que también aconsejaba a la Diputación la observación de los terrenos infectados y su amojonamiento, y una vez descubiertas "las manchas de gusanos, que es la primera forma que tiene el insecto", procurar destruirlos a fuego, maceración o cualquier ora manera que indican las reales instrucciones vigentes y "señalan los mejores agrónomos". La Sociedad aconsejaba además a la Diputación el artículo sobre la langosta contenido en el tomo X del Diccionario del Abate Rozier, y las leyes 7ª, 8ª y 9ª del título 31, libro 7º de la Novísima Recopilación. Consideraba también que lo fundamental es la "actividad y buen orden" en ejecutarlo, la "pureza y buena fe en los comisionados que se nombren, la entereza y nerbio en los Justicias de los pueblos" para que obliguen a todos a contribuir en justa proporción; siendo la recompensa el "principal móvil del corazón", de la que pueden sacar más partido que cualquier otro medio^[18].

            En 1837 la plaga se extendió más, alcanzando la Loma y el valle del Guadalquivir. A pesar de las disposiciones gubernativas, la extinción de la langosta tenía un serio obstáculo en la oposición de los propietarios de las dehesas a su roturación, un capítulo más del secular enfrentamiento agricultura-ganadería, que en la lucha contra la langosta tiene una clara expresión. El pueblo de Vilches volvió a sufrir este año el acoso de la langosta, lo mismo que Rus, en la dehesa llamada de Arquillos, término de Vilches, pero perteneciente  a los propios de esta villa; también la Carolina en la dehesa del Hueco, donde en el mes de mayo todos los días salían 25 o 30 hombres con un regidor a exterminarla.

            En 1838, la Diputación Provincial inició la campaña del nuevo año acordando el día 13 de enero que los ayuntamientos de Linares y Vilches, pueblos invadidos, nombrasen dos personas conocedoras del insecto y circunstancias del país para que le ilustrasen. De nuevo tuvo que enfrentarse a los tradicionales problemas con los propietarios de las dehesas, que rechazaban la orden emitida por el Gobierno Político el 16 de diciembre anterior sobre la roturación de los terrenos infectados de canuto. Los propietarios de los terrenos adehesados manifestaban al jefe político que la medida del arado en las dehesas particulares producía "males sin fruto" para el objeto propuesto de extinción de la langosta y además eran impracticable y opuesta a lo mandado en la R. O. de 20 de junio de 1828, pues atacaba el derecho a la propiedad y obligaba infructuosamente a grandes desembolsos, "y siendo cierto que la langosta hace su ovación en las laderas, resultaría que se araban los llanos, en donde no se encontraría un canutillo". Estos propietarios consideraban que las dehesas de Noguer y Piélago en Linares y otras en Vilches y Rus no eran posibles de arar, si acaso la cuarta parte. Y después de manifestar las grandes exacciones para la extinción del insecto que en los últimos tres años se les habían hecho, consideraba que todos los individuos de la sociedad están interesados en el exterminio de la plaga, por lo que justo era que todos concurriesen proporcionalmente.

            Otros lugares invadidos de langosta en 1838 eran la dehesa del Vago en Linares, y otras poblaciones limítrofes, como la dehesa de la Higueruela en el término de Torreblascopedro, propiedad del conde de Benalúa y destinada a pastos; la dehesa de la Hiruela en Jabalquinto; otros lugares de los términos de Baeza, Úbeda, Begíjar, Rus, Canena, Arquillos, Villargordo, Vilches y Cazorla.

            En las comunicaciones que los pueblos de la provincia mandan al jefe político es común la creencia de que los años anteriores de sequía extrema habían influido en el desarrollo notable de la langosta. En ello también contribuyó la resistencia al rompimiento por el arado de los terrenos adehesados infectados, no sólo por parte de particulares, sino también de algunos ayuntamientos, como el de Linares; por las muchas lluvias en el invierno de 1838 y la incursión de las facciones carlistas, que complicaron las labores de extinción; y por la escasez de fondos disponibles para este cometido. Sobre esto último, eran frecuentes las quejas de los ayuntamientos y comisionados, fondos que eran necesarios obtener con rapidez y que, por la persistencia de la plaga durante varios años, ya no existían en los caudales públicos. El único medio que quedaba era el repartimiento vecinal, y así lo acordó la Diputación, haciéndose sobre la base de la contribución de paja y utensilios. Este dinero había de ser invertido en los gastos de extinción, "pagándola por arrobas, fanegas, celemines y estajo"^[19].

            En 1838, la langosta se extendió al Sur de la provincia y 1839, aunque disminuyó en intensidad, todavía afectó al algunos pueblos. En 1840, una nueva invasión procedente de las provincias de Ciudad Real y Albacete se introdujo en la de Jaén y se produjo un fuerte rebrote de la plaga. En el mes de mayo la situación era ya alarmante. El Gobierno Político de la provincia y la Diputación ordenaron medidas extraordinarias, ampliando las facultades de los comisionados, exigiendo a las ayuntamientos de los pueblos libres del insecto su auxilio con recursos efectivos u otras prestaciones que se les reclamasen como indispensables para contrarrestarla, y considerando los gastos que se hiciesen por cada pueblo como un anticipo a reintegrar por toda la provincia. Muestras de esta solidaridad fueron las 150 fanegas de trigo del Pósito que el Ayuntamiento de Arquillos entregó al de Aldeaquemada en octubre^[20].

            En el mes de mayo, la movilización de la provincia contra la langosta fue general. La Diputación lo expresa claramente:

            "A toque de generala y somatén se reúnen los vecinos y sin exageración [...] la mitad de las gentes de la Provincia se ocupan en la matanza, sin exceptuar niños ni ancianos, concurrieron todos en la mejor voluntad. Hay manchas que cogen legua y media de longitud. Tres cuartos de legua de latitud y dos o tres palmos de espesor".

            Este fatal estado en que se encontraba gran parte de la provincia superaba todas las disposiciones del Gobierno Político, Diputación y ayuntamientos, que se dirigieron a las Cortes en petición de ayuda. El 1 de mayo la plaga afectaba a 36 pueblos, en los que se habían matado más de 10.000 fanegas de insectos, pero tal era su número que en nada se había notado. Ya habían destrozado gran parte de las producciones de cereales y pastos; e incluso también, en algunos pueblos, olivares.^[21]

            Debido al incremento de la langosta este año, se hizo más evidente el tradicional defecto de coordinación en la extinción, tanto a nivel provincial, como municipal o particular. A nivel provincial, el Jefe Político se quejaba al ministro de la Gobernación de la falta de ayuda prestada para destruir el insecto, tanto en su estado de canuto como de mosca, por parte de los jefes políticos de Ciudad Real y Albacete.

            Tras el fatídico año de 1841, la plaga entró en una etapa de cronicidad. Los trabajos de extinción servían de poco, pues de las provincias vecinas continuaban llegando nubes de langosta.

            En el mes de mayo de 1842, la Diputación Provincial volvió a dirigirse a las Cortes en solicitud de ayuda para la plaga procedente de provincias limítrofes, "llevando en pos de sí el exterminio y la desolación". La herencia que la langosta dejó en la provincia para el año 1843 era preocupante. La langosta volátil procedente de La Mancha el año anterior había aovado en numerosas zonas.

            En La Carolina, también continuaban durante el mes de mayo las labores de exterminio con cuadrillas de hombres a 4 reales diarios, y solicitaban al Jefe Político el auxilio de los pueblos de los alrededores en un radio de tres leguas. Auxilio que sólo fue brindado por los pueblos de Guarromán y Linares. Pese a las reclamaciones, los demás pueblos se opusieron por diversas razones o pretextos.

            La langosta dejó aovados extensos terrenos y el nuevo Jefe Político, Joaquín de la Moneda, como presidente de la Comisión Provincial de Extinción, sólo pudo limitarse a comunicar a los pueblos la R. I. sobre la langosta de 1841, en la que aconsejaban medidas de extinción del insecto en las distintas fases, gastos y otros medios que debían adoptar los ayuntamientos y Diputación, etc.; terminando por recomendar a la Diputación Provincial y ayuntamientos el prontuario de Isidro Benito Aguado, impreso en Sevilla en 1829, titulado Vida histórica de la langosta y manual de Jueces y Ayuntamientos para su extinción donde están recopiladas las leyes y disposiciones de aquella época y los métodos más importantes de extinción^[22].

            Lentamente la langosta desapareció de la provincia, excepto algunos brotes aislados, en los años centrales del siglo, resurgiendo con gran virulencia en la década de 1870. De nuevo vuelve a tener su origen en las poblaciones limítrofes de Sierra Morena, y en un período —pleno Sexenio Revolucionario— de crisis generalizada. A principios de abril de 1871, el Gobernador Civil Joaquín María Ruiz Callejón hacía pública la existencia de manchones de langosta en los términos del Norte de la provincia, informando con prontitud a la Diputación, Junta Provincial y Gobernación, a fin de que facilitasen los recursos necesarios para su extinción. El Gobernador Civil recomendó a los ayuntamientos las medidas tradicionales de extinción: roturación, introducción de ganados, quema de los sitios infectados, persecución, enterramiento en zanjas, ec.; amenazando a los alcaldes que no lo hiciesen con tomar medidas contra su apatía, y recordándoles la R.O. de 3 de agosto de 1841 y 3 de junio de 1851, junto con la Instrucción de 3 de julio de dicho año.^[23]

            La colaboración del ejército en labores de extinción se hizo necesaria en el Norte de la provincia, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones en otros lugares. Pese a ello, en 1872 la plaga se incrementó, siendo el término de Linares de los más infectados, concretamente en los sitios de Los Morales, donde la mancha tenía una extensión de más de 10 hectáreas; Chaparral de la Roncona, con 25 has.; Majada Rasa, con 25 has.; Dehesa de Cañada Incosa, con 34 has.; Cuesta de las Monjas, con 8 has.; y Umbría de la Cuesta de las Monjas, con 20 has.^[24]

            Por esta época, el desarrollo de la prensa es ya notable y las noticias sobre la plaga se hacen corrientes. Una de ellas dice así:

   "Un fenómeno extraordinario se presenta hoy en los campos invadidos de langosta: consiste, en nubes inmensas de un insecto desconocido, que ataca a los animales y a los hombres, y que a unos y otros pone en tal conflicto que algunos han creído perecer. El insecto, es parecido a una chinche con alas, y el olor que exhala, es nauseabundo, como el de aquél. Su vuelo, ligero y fuerte, azota el rostro, busca los órganos respiratorios para introducirse en ellos, pica, causando un daño intenso, y por último tan molesto, y se halla en tanta abundancia, que se tienen que tapar la cabeza los que son atacados por estas nubes de insectos"^[25].

            En los años 1873-1875, la plaga mantuvo escasa actividad. Durante 1876 los agricultores tuvieron que sopotar además una prolongada sequía, que duraba tres años, y las fuertes heladas del mes de abril, que afectaron duramente a algunos términos^[26]. Un año después, en 1877, continuaba la plaga. En los terrenos roturados, según el Gobernador Civil, era donde se había avivado más pronto el insecto, encontrándose desde primeros de marzo en estado de saltón. Los terrenos infectados ascendían aproximadamente a unas 20.000 has., por lo que eran insuficientes los fondos disponibles por prestación para atajarla y debían habilitarse fondos extraordinarios. Las causas de tal extensión eran claras para el Gobernador Civil:

   "El alarmante desarrollo que ha tomado en breve número de días la langosta en esta provincia, demuestra, desgraciadamente, que las órdenes del Gobierno no han sido cumplidas con la exactitud que fuera de esperar, roturándose a tiempo y bien, y no por solo cumplir, los terrenos infestados de canutillo. Este lamentable abandono, por parte de algunos dueños de predios rústicos, ha venido a producir un mal general, haciendo estériles los esfuerzos de los más por combatir la plaga".^[27]

            La Comisión Provincial de Extinción decidió crear en cada partido judicial infectado, que prácticamente era toda la provincia, una Subcomisión Inspectora que constantemente vigilase los trabajos en su distrito e inspeccionase las operaciones y cuentas de los pueblos del mismo. Así, en Linares fue elegido Diego Sierra Belinchon^[28]. En algunos pueblos carecían del número de braceros suficiente para las operaciones de extinción, debiendo intervenir de nuevo el ejército en estas labores.

            La plaga decreció en 1878, pero no por ello se abandonaron los trabajos de extinción. El año siguiente, 1879, se promulgó una nueva legislación sobre la langosta, la ley de 10 de enero de 1879, que supuso en gran parte una continuidad con la anterior legislación. Continuaron aprobándose los presupuestos de extinción y por el presupuesto de 1879 conocemos los pueblos que quedaban invadidos todavía en la provincia, que no eran pocos, entre los que estaban Linares (20.180 pts. de gastos)^[29].

            La utilización masiva de insecticidas, especialmente la gasolina, a finales del siglo XIX, contribuyó a derrotar a esta plaga histórica en la provincia. No obstante, todavía hasta principios del siglo XX, cuando tuvo lugar la última gran plaga, en 1901-1903, la langosta hizo estragos periódicamente en los campos linarenses y giennenses en general.

Conclusión

            Las transformaciones que sufre Linares en las décadas centrales del siglo XIX inciden drásticamente en su población y economía. El mundo agrario, que había sido la base económica primordial de Linares, queda relegado a un segundo plano por el auge acelerado de la minería y de la población, que también van a repercutir sobre el paisaje agrario a través de un proceso deforestador y roturador, alentado por las leyes de desamortización que afectaron especialmente al monte linarense.

            Esta “crisis” del mundo agrario tiene su más clara expresión en las plagas, como la langosta, que en estas décadas centrales del siglo XIX azota de forma periódica y alarmante el campos de la provincia, especialmente de Sierra Morena y Linares.