PRÓLOGO

(del libro de CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. Jaén de Reino a Provincia. La gestación de la Provincia y su territorio en el siglo XIX. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 2004)

            Faltaba un estudio histórico de la administración provincial giennense en sus primeras décadas de rodaje. Me consta que anteriormente hubo intentos de realizarlo y no dieron su fruto, entre otras causas por la complejidad del tema y el esfuerzo consiguiente de investigación. Ello no ha sido óbice para que un reconocido y experimentado investigador como Miguel Ángel Chamocho asumiera el reto y participase en el proyecto de investigación "La Diputación Provincial de Jaén 1813-1868", dirigido por el Catedrático de la Historia del Derecho Juan Sainz Guerra y financiado por el Instituto de Estudios Giennenses; ambicioso proyecto cuyo primer fruto es el presente libro, en el que se analiza el arduo y dificultoso proceso de formación de la actual provincia de Jaén, un estudio que entra en línea de la historia de las instituciones que en los últimos tiempos ha experimentado un muy significativo auge y establecido lazos con la llamada historia social de la administración, en la que se encuadra la sociología del personal puesto a su servicio.

            Desde las primeras páginas del libro se nota la impronta universitaria y la profunda experiencia investigadora del autor, que utiliza una metodología intachable con numeroso aparato crítico. Miguel Ángel Chamocho (Andujar, 1969) es profesor titular de la Universidad de Jaén, en la facultad de Ciencias Sociales y Políticas, doctor en Derecho por esta universidad con la Tesis Doctoral "La implantación de la justicia real en las ciudades giennenses (1234-1505)”, publicada en parte por el Instituto de Estudios Giennenses en 1998; un año después publicó el libro "Génesis histórica e institucional de una villa en la frontera castellano-granadina. Cambil (1485-1558)", y diversos trabajos de investigación, como "Los Privilegios de la ciudad de Jaén en la baja Edad Media", "La insaculación como procedimiento para la designación de oficiales públicos en Jaén durante la baja Edad Media", "Monarquía y concejos en la lucha por la primacía jurisdiccional: aproximación a su estudio en las ciudades giennenses (1234-1325)", "El régimen jurídico foral del Reino de Jaén" (Siglos XIII-XIV)", "La tutela de la Diputación provincial de Jaén en la formación del Ayuntamiento constitucional de Cárchel y su segregación de Carchelejo (1841-1845)”, “El recurso al Código de las Siete Partidas en un dictamen del Consejo provincial de Jaén en 1864 por infracción de ordenanzas municipales sobre riego”,... y otros muchos más en revistas, actas o libros. Con el trabajo "La Justicia del Pueblo. Los Tribunales Populares en Jaén durante la Guerra Civil" recibió un Accésit al Premio Cronista Cazabán 2002, trabajo que será editado próximamente. En resumen, el doctor Chamocho ha realizado una amplia trayectoria investigadora, especializada en el territorio giennense, que constituye una base formativa imprescindible para abordar  el proyecto de investigación realizado.

            Es la provincia un territorio que históricamente ha sido frontera administrativa entre grandes regiones. Ya en época ibérica por la zona giennense pasaba la línea divisoria entre la Bastetania y la Oretania; en época romana, cuando en el siglo I a.n.e, Augusto hace una nueva división del Imperio e Hispania se divide en tres provincias: Bética, Tarraconense y Lusitana, la línea divisoria entre las dos primeras vuelve a situarse en el territorio giennense; lo mismo que la posterior división entre 284 y 305 del emperador Diocleciano en seis provincias, ocupando las tierras giennenses la línea divisoria entre la Bética y la Cartaginense. Esta división tendrá una notable estabilidad, salvo en el corto período en que las tierras del Sur de España fueron ocupadas por los bizantinos, cuando el territorio giennense volvió a ser frontera entre éstos y los visigodos. La última división romana perdurará hasta la llegada de los musulmanes, que imponen una nueva regionalización, sin tener en cuenta la anterior, sobre todo en el Sur.

Los musulmanes organizaron el territorio sobre la base de los condados y obispados visigodos. El número de provincias de la España musulmana era variable, pero en general había más de 20 provincias, llamadas coras, entre ellas la de Yayyan o Jaén, difuso territorio que también fue objeto de división posteriormente entre los reinos de taifas, hasta el nacimiento del reino de Jaén con las conquistas de Fernando III en el siglo XIII y su configuración definitiva con los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, cuando desapareció del reino musulmán de Granada. Los términos que comprendían los lugares de Arenas y Cambil, conquistados en 1485, fueron incluidos dentro del alfoz de la ciudad de Jaén, y una estrecha y larga franja de terreno entre Alcalá la Real y Huelma quedó en "entredicho" entre Jaén y Granada, hasta que en el siglo XVI pasó a ser señorío jurisdiccional de doña Mencía de Salcedo con el nombre de Noalejo, y posteriormente incluida dentro del reino de Jaén. En cambio sobre la población de Bélmez de la Moraleda tenía jurisdicción la ciudad de Granada, que mantuvo hasta el siglo XIX.

            A la complejidad demarcativa del reino se unía la complejidad jurídica. Frente a la división del reino en corregimientos, que ejercían cierta centralización administrativa, tierras de realengo y de señorío eclesiástico y nobiliario se repartían el territorio. La orden de Santiago ocupaba las tierras del noreste de la actual provincia, en su mayor parte incluidas en el reino de Murcia y el Obispado de Cartagena, pero con importantes relaciones históricas con el reino de Jaén; el Adelantamiento de Cazorla, dependiente del Arzobispado de Toledo, pero incluido dentro del reino de Jaén; y la Abadía de Alcalá la Real, cuyos pueblos formaban parte de los reinos de Jaén y Granada. La Abadía fue fundada en 1340 y pertenecá a Toledo y comprendía los términos de los pueblos de Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Frailes, Noalejo, y otros del reino de Córdoba (Carcabuey y Priego).

            La llegada de los Borbones en el siglo XVIII no suprime la complejidad jurídico-administrativa, sino que añade nuevas figuras como la intendencia, unidad administrativa económica, cuyo ámbito de actuación llegó a englobar los reinos de Jaén y Córdoba por un lado, y desgajar por otro a las nuevas poblaciones, que pasaron a tener su intendencia propia.

El espíritu liberal tiene su primera manifestación en el territorio con la Constitución de Bayona del 7-julio-1808, por la que España se divide en departamentos, que establecía la creación del departamento del Guadalquivir alto con capital en La Carolina. Posteriormente, en base también a planteamientos liberales se realizaron los proyectos de reforma territorial de 1813 y 1822. El de 1829 tenía una ideología más conservadora, aunque comulgaba también del espíritu renovador y pragmático de distribución espacial que combinaba aspectos geográficos y culturales en la configuración del territorio provincial en corregimientos, alcaldías mayores y distritos municipales.

            El doctor Chamocho, muy acertadamente, parte para su estudio de la configuración del antiguo reino de Jaén, que fue la base sobre la que se creó la actual provincia, no sin antes elaborarse diversos proyectos de demarcación provincial que no llegaron a aprobarse. Todo este proceso se ve envuelto en un entorno de cambio en todos los sentidos. El siglo XIX supone el afianzamiento de la burguesía, del constitucionalismo; es el siglo de las revoluciones liberales, que habían hecho temblar los pilares del Antiguo Régimen a finales del siglo XVIII con las revoluciones en Estados Unidos y Francia; el de grandes transformaciones técnicas y científicas, que desarrollan una nueva economía con grandes contradicciones, origen de nuevas teorías económicas y sociales; el del nacimiento de una nueva sociedad de clases, muy distinta a la antigua sociedad estamental, y nuevas ideologías que pretenden transformar drásticamente el Estado.

            Pero en España, todo es más moderado. Los nuevos aires liberales llegaron de forma real con la revolución francesa y el imperio napoleónico, y con ellos el primer intento pragmático de división administrativa del país. Fueron las primeras décadas del siglo XIX época de guerras y revoluciones, que se inicia con la guerra de la Independencia (1808-1814), guerra nacional, revolucionaria y popular, en cuyo período ya se gestaron dos divisiones administrativas de la provincia. Nace un movimiento juntero, que comienza así una revolución liberal, cuyos principios se plasmaron en la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo art. 2º dice así: "la nación es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". La presencia francesa en la provincia (1810-1812) llevó al ascenso de afrancesados a los altos puestos de la administración, y un fuerte castigo económico para la población por la captación de recursos para mantener a las tropas de ocupación, necesarias para controlar el territorio frente a las partidas guerrilleras que, como la de Pedro del Alcalde, eran muy activas.

            Tras la Guerra de la Independencia, el regreso de Fernando VII trajo consigo un período antiliberal, el Sexenio Absolutista. Muchos ciudadanos se vieron en la necesidad de buscar avales de patriotismo, fidelidad al rey, o no haber comprado bienes nacionales en el período anterior, para no verse relegados. La mayoría de la población, eminentemente rural, continuó estancada en ese grupo de los no privilegiados, donde la burguesía continuaba siendo una minoría incapaz de ejercer presión de clase y necesitara el aval del ejército para conseguir el gobierno.

            El pronunciamiento liberal de Riego en 1820 hizo que el Rey jurara la Constitución de 1812, volviendo veteranos doceañistas. Se pusieron en marcha una serie de reformas, como la disolución del régimen señorial, proceso desamortizador de tierras, supresión de la Inquisición, la fiscalización de bienes de la Iglesia,... y el proyecto de una nueva demarcación provincial; actuaciones que quedaron paralizadas pronto la reacción absolutista de 1823 y hasta la muerte de Fernando VII diez años después.

            Este último período absolutista, conocido como la Década Ominosa, fue de fuerte represión liberal. El apoyo eclesial al Absolutismo se hizo manifiesto, tanto que los mismos capitulares jiennenses, al acceder al cargo, se postraban de rodillas ante el obispo quien les exigía juramento de no pertenecer a logia o asociación secreta alguna, "ni reconocer el absurdo principio de que el Pueblo es árvitro en variar los gvnos. establecidos".

            La muerte de Fernando VII sin descendencia masculina fue una de las causas del giro político hacia el liberalismo de las regencias en la minoría de edad de Isabel II y la ejecución de los proyectos liberales apuntados ya en épocas pasadas, tal fue la nueva división provincial, en una época difícil como es la de 1830, con la guerra civil Carlista, fuertes convulsiones económicas producto de las desamortizaciones, y sequías junto con terribles epidemias.

            Toda la superestructura jurídica, administrativa, política o religiosa, que tiene frecuentes convulsiones en estas primeras décadas de siglo se sostiene sobre una población con una abrumadora economía agraria, que había mejorado sus condiciones de vida respecto a épocas anteriores, gracias a los avances en la higiene pública y el abastecimiento cerealístico, ello se tradujo en un aumento demográfico, alcanzado la territorio de la actual provincia los 210.000 habitantes a comienzos del siglo XIX. Este crecimiento y la mentalidad liberal, que desde la Ilustración poco a poco se va abriendo paso, dejó su huella física en la transformación del paisaje provincial con la roturación de las tierras no cultivadas en detrimento de la ganadería, y la deforestación de las sierras, fenómeno que se arrastraba de siglos anteriores. No obstante, hay fuertes crisis que afecta a la demografía. Ya al empezar el siglo tuvo lugar la gran crisis de subsistencias de 1804, producto de la sequía, que trajo una gran mortandad en toda la España interior y dio lugar a masivas importaciones de trigo. Este año forma parte de un período de bajas precipitaciones, 1802‑1808, que en la provincia provocó una menguada producción agrícola y, por consiguiente, hambre. La guerra produjo efectos desastrosos sobre la población: pérdida demográfica, impuestos especiales, levas, abandono de la producción,...) que aún estuvieron presentes en los años siguientes al conflicto, con amenazas de peste y fiebre amarilla (1813 y 1819), crisis de subsistencias, sequía de 1817, tránsito de tropas con destino a América, bandolerismo,... Pero fue sobre todo la década de 1830 el período más catastrófico, la población giennense retrocedió, pasando de 252.483 habitantes en 1831 a 235.312 habitantes en 1840, producto de las crisis de subsistencias y hambre; epidemias, como el cólera de 1834; y las consecuencias de la primera guerra carlista y la desamortización de Mendizábal. Años críticos fueron 1833, 1834, 1836 y 1838, con una alta mortalidad, donde la inanición tuvo un papel principal.

            Un cambio histórico que impulsó el liberalismo con importante repercusión en la población fueron las desamortizaciones, ya apuntadas con la Ilustración, y ejecutadas tímidamente en los períodos liberales de 1813-1814 y 1821-1823, con repartos de tierras de propios. La gran desamortización eclesiástica de 1835 aceleró este proceso de forma radical. Antes de esta desamortización, la nobleza y las instituciones religiosas eran los principales propietarios agrícolas de la zona. Tras la desamortización los bienes más afectados fueron los pertenecientes al clero regular y en menor medida al secular. Las tierras pasaron a propiedad de individuos pertenecientes a las clases medias y altas.

            En este entorno de crisis y reformas liberales, los nuevos tiempos de la contemporaneidad también exigían un nuevo concepto de administración diferente al del Antiguo Régimen, que debía basarse en el pragmatismo y la racionalidad, como ya se había apuntado en el movimiento ilustrado del siglo XVIII, período en el que los Borbones habían intentado unificar la "selva" fiscal, jurídica y administrativa de los Austrias, que tenía sus raíces en época bajomedieval. Sin embargo, todo este complejo entramado y los intereses en torno a él no permitieron más que parciales modificaciones. Fue con las revoluciones liberales de las primeras décadas de siglo XIX cuando comenzó a tambalearse la herencia del Antiguo Régimen y a forjarse la administración provincial contemporánea, que el doctor Chamocho nos transmite en las siguientes páginas.

            Bienvenido, pues, este libro, que abre el campo a posteriores estudios más específicos y es fuente de consulta obligatoria para todos aquellos que quieran aproximarse al conocimiento de este período histórico en la provincia de Jaén. El devenir de las instituciones provinciales y locales, partidos judiciales, deslindes municipales, etc., forman un complejo mundo que ha ido conformando el ser de una provincia, y el que el autor ha sabido estudiar con la crítica y sabiduría que le caracteriza, y ahora transmitirnos con la pluma del docente, cuya experiencia se manifiesta claramente al hacer inteligible para todos los lectores un proceso tan largo y complejo como es la “partida de nacimiento” de la actual provincia de Jaén. Y nos deja el anhelo de ver pronto publicados los dos próximos libros con los que se completará la trilogía que estudia el desarrollo de la administración provincial hasta 1868.

           Juan Antonio López Cordero