3. El Gobierno de la ciudad.

             Durante la Edad Moderna la figura del Corregidor preside el Cabildo Municipal de Jaén, con la que la autoridad real sobre la ciudad se hace más directa. Para la Corona era importante controlar las decisiones de una ciudad como la de Jaén que tenían voto en las Cortes de Castilla. El Corregidor administraba la ciudad y convocaba Cabildo los viernes. El Cabildo Municipal lo formaban los regidores o caballeros veinticuatro, llamados así por ser este número los regidores que lo formaban en el siglo XVI, y los jurados.

            La figura del corregidor procede del siglo XIV pero que adquiere su pleno poder con los Reyes Católicos, cuando la política autoritaria de la Corona necesita más de sus servicios, era un transmisor de las órdenes reales al Concejo y velaba por que se cumpliesen frente a la tradicional autonomía de la ciudad. Ejercía funciones políticas, judiciales y administrativas. Frente a los demás oficios del Cabildo, que con el tiempo fueron vendidos ante las necesidades monetarias de la corona, el de Corregidor no se vendía ante la necesidad de tener la corona en sus manos el nombramiento de éstos, que era por un año, aunque solía renovarse por tres años. Los corregidores debían ofrecer fianzas con las que responder de su gestión, en caso de que el juicio de residencia, que solía hacerse una vez terminado el mandato, demostrara corrupción o mala gestión. A veces, algún corregidor pagó con su vida la actitud rebelde de los ciudadanos, como Antonio de las Infantas y Córdoba, nombrado por Felipe IV, cuando se dirigía a la vecina población de Pegalajar para capturar a un individuo la familia de los Mendozas de la ciudad de Jaén que allí se había refugiado.

            Los regidores formaban parte de una oligarquía urbana perteneciente a la nobleza media que basaba su poder económico en la tierra, su número fue creciendo y en el siglo XVII eran ya cuarenta y cinco, emparentaban entre sí y ejercían un control de la vida de la ciudad con la compra de los oficios del Cabildo. Tales eran en el siglo XVII los Torres de Portugal, Mendoza, Messía, Contreras,... Éstos podían participar en las Cortes como procuradores representando a la ciudad, por lo que surgían conflictos entre ellos por tal representación. Los regidores eran los únicos que tenían voz y voto en el Cabildo.

            Los jurados, que en un principio ejercían la representación de las clases populares de la ciudad, perdieron este sentido con el tiempo al constituirse con individuos de las clases privilegiadas. Como los demás oficios pasaron a ser vendidos y adquirirse a perpetuidad en el siglo XVII.

            Otros cargos eran el de Alcalde Mayor, nombrado por el Consejo de Castilla a petición del Corregidor, ejercía la función judicial en la ciudad cuando la delegaba el Corregidor. También tenía que ofrecer fianzas por su gestión. El Alguacil Mayor era un cargo que recaía en uno de los regidores. El Personero debía ocuparse de aquellas decisiones del Cabildo que podían ser perjudiciales para la ciudad y el portavoz de los intereses del común de los vecinos, entre otras misiones tenía la de llevar el pendón de la ciudad en los actos y ceremonias públicas.

            En la administración de la ciudad existían otros múltiples cargos y personal municipal no capitular con diferentes misiones, como el Mayordomo de Bienes Municipales o de Propios, el Corregidor de la Dehesa de Mata Begid, el Depositario del Pósito, alguaciles de número, escribanos, abogados, verdugo, pregonero, guarda de la Alameda, picador para atender la cría caballar, buldero para la distribución de bulas, alcaldes de hermandad que rotaban por las parroquias de la ciudad, procuradores de número, fontanero, relojero del reloj de la torre de San Juan,...

            El gobierno de la ciudad, que cambió poco a lo largo de la Edad Moderna, a partir del siglo XIX, manifiesta una remodelación importante, consecuencia del auge del liberalismo y una emergente burguesía, cuyas clases altas emparientan con la nobleza, que exige mayor representatividad en la administración pública, también en el ámbito local. Su apuesta está en el constitucionalismo que, desde principios del siglo XIX y tras algunos intentos frustrados, como la Constitución de 1812, a partir de la Constitución de 1837 y la de 1845 consolida su situación política dominante, en un período en que todavía la ley de Ayuntamientos restringe el número de electores a las capacidades (profesiones como militar, eclesiástico, abogado,...) y determinados contribuyentes, lo que distaba mucho del sufragio universal que llegará por primera vez a la ciudad tras la revolución de 1868.

            El gobierno de la ciudad estaba compuesto a mediados del siglo XIX por un alcalde constitucional, presidente de la corporación municipal, cuatro tenientes de alcalde y diecinueve regidores. Para las elecciones municipales se dividía la ciudad en cuatro distritos. El primero tenía su mesa en las Casas Consistoriales, situadas en la plaza de la Constitución; el segundo, en las habitaciones altas del Cuartel del Mercado, entrada por la Carrera; el tercero en el ex-convento de Santo Domingo, y el cuarto, en el Instituto de Segunda Enseñanza. A veces, el Alcalde tenía un secretario particular, aparte del secretario del ayuntamiento. También estaba reconocida como figura extraordinaria el Alcalde-Corregidor, encargado por la Corona de sustituir en casos precisos al Alcalde Ordinario, como fueron los casos de Juan Pedro Forcada y Mateo Candalija a mediados del siglo XIX.

            Correspondía al Alcalde, a propuesta de una terna elaborada por la corporación municipal, el nombramiento de guardias municipales, rurales, de Mata Begid, de la Sierra, de los paseos, de la plaza y de cualquier otro lugar; fontaneros, serenos, alguaciles, celador de policía urbana, cabo de serenos, pregonero, y cualquier otro que no fuera esencialmente señalado por la ley.

            El interés de pertenecer a la corporación municipal era lo común entre los elegibles y radicaba en que las contribuciones personales o directas eran distribuidas por el Ayuntamiento. De ahí que la corporación local importara para muchos más que las Cortes; quien dominara en ella podía cuidarse de que sus amigos no pagaran más de lo debido y sus enemigos, en todo caso, no menos de lo que les correspondía. Un órgano consultivo del Ayuntamiento era la Junta de Grandes Contribuyentes de la ciudad, órgano de máxima importancia política y económica, pues era el encargado de las decisiones fiscales y económicas locales. Formaban esta junta los cuarenta mayores contribuyentes de la ciudad, siendo consultados en todos los aspectos importantes por el Ayuntamiento.

            En cuanto a la organización interna del cuerpo municipal, los concejales o regidores se repartían las distintas comisiones y los cuarteles, normalmente doce, junto con los cuatro distritos rurales, correspondientes a las puertas de Martos, Barrera, Alcantarilla y Santa Ana. En 1844, las comisiones municipales eran las de Propios, Pósito, Contribuciones, Junta de Sanidad, Fiestas y Festejos, Raudales, Guerra, Mata Begid, Instrucción Pública, Alumbrado y Serenos, Ornato Público, Policía Urbana y Aseo Público, Junta Municipal de Beneficencia, Instituto, Representantes de la Hacienda, Varas de Palio, Junta de Refacción y Fieldad. En 1868, estas comisiones quedaron reducidas a las de Propios, Pósito, Ornato, Alumbrado y Serenos, Paseos y Fomento del Arbolado, Ferrocarriles, Alojamiento y Bagajes, Festejos, Comisaría de la Sierra, y Comisaría de Aguas. Desaparecieron algunas cuyas funciones pasaron a ser ejercidas por las instituciones provinciales o porque dejaron de tener sentido, como la de Mata Begid, finca de propios que había sido desamortizada. También aparecieron otras que ponían en evidencia los nuevos intereses municipales, como la de Ferrocarriles.

            Las sesiones municipales tenían lugar los lunes y jueves de cada semana a las doce de la mañana, aunque algunos años se designaban sólo los jueves para su celebración, en un Ayuntamiento que desde finales de 1862 recibía el título de “Excelencia”.

            La corporación municipal no estaba exenta, como en el pasado, de fuertes tensiones entre sus miembros, bien por abusos cometidos por algún regidor en el desempeño de su función, como los cometidos por Francisco Molina en el desempeño de la Comisaría de Fieldad en el Mercado Público en 1844; por la concesión del título de “gentilhombre de Cámara de S.M.” al alcalde en 1862; o por cuestiones más graves, como el atentado con pistola a José María Rey a Rafael Aguayo dentro de las Casas Consistoriales. No obstante, las mayores disensiones venían dadas a la hora de elegir Secretario, como ocurrió en 1855 y 1858. El Secretario no constituía cargo concejil, no tenía voto en el Ayuntamiento; no era vitalicio, pero tampoco cambiaba con los sucesivos ayuntamientos; sólo se le debía sustituir cuando existía un motivo probado para ello. Así pues, la continuidad del empleo frente a la brevedad de los cargos municipales, las funciones que desempeñaba y la experiencia que llegaba a adquirir en los asuntos del municipio le convertían en un elemento fundamental. De ahí los problemas en torno a él, siempre para asegurar el cargo en persona incondicional de un determinado grupo.

            Las actuaciones de los componentes del Cabildo, a veces, les hacían centro de las críticas, las cuales no pasaban más allá del simple comentario oral. Pero cuando éstas se hacían escritas, hecho extraordinario, provocaban la reacción airada y la denuncia por parte de la corporación, como ocurrió en junio de 1861, cuando en el núm. 1.130 del “Anunciador de la provincia de Jaén”, se publicó un artículo titulado “Querer es poder”. En él se publicaron las siguientes palabras: “Lo que se necesita es que el Alcalde presidente del Ayuntamiento haga que esos subalternos llenen su deber y cumplan su servicio, sin distraerlos en otras ocupaciones que nada tienen que ver con la policía rural, y sin que los guardas se conviertan en criados que limpien el caballo del Alcalde o lleven a la escuela a los niños de tal regidor”.