7. Tensiones sociales y problemas jurisdiccionales.

La vida en las ciudades, villas y lugares del reino de Jaén estaba ensombrecida por frecuentes rivalidades. Sobre todo relacionadas con los gobierno locales. Luchas por los oficios de los regimientos municipales, disputas entre las élites locales, conflictos entre señores y vasallos, o entre la ciudad más poderosa, en nuestro caso Jaén, y las villas y lugares de su corregimiento o jurisdicción, disputas en la delimitación de los términos municipales o en la explotación de los montes^[1].

Un ejemplo de esta rivalidad en los gobiernos locales se produjo en Villacarrillo en 1695 donde fue asesinado el alcalde ordinario del estado llano, Asensio Martínez Gallego dentro de la Iglesia Parroquial de la villa, que hubo de ser consagrada de nuevo.

Los culpables del asesinato fueron distintos miembros de familias hidalgas, entre los que se contaba el alcalde ordinario del estado noble D. Pedro Tomás de Viedma. La Real Chancillería envió a D. Lucas Manuel de Palacio y Haro, abogado de los Reales Consejos y de dicho tribunal como juez de pesquisa. ^[2]. Rubiales Campos da noticia de estos hechos deja, en su estudio sobre Villacarrillo. Aportaremos nosotros otros datos en la búsqueda de la causa del crimen y los resultados a los que llegó la Justicia. En este sentido vamos a citar algunos documentos que hemos localizado en archivos notariales y a interpretar los hechos.

Creemos que esta muerte se inscribe en las enormes tensiones y rivalidades existentes en los gobiernos locales entre hidalgos y pecheros. El caso no es único de Villacarrillo ya que recientes investigaciones centradas en el ámbito riojano, las de Lorenzo Cadarso, reproducen hechos de similares características. Ya antes de los hechos mencionados, hacia 1687 el alcalde mayor de la villa procedía contra D. Francisco y D. Blas Alfonso San Vicente "sobre asechanza y escopetazo que tiraron a Rodrigo García de Mora, vecino desta villa" ^[3]

Pero volviendo a nuestro caso los implicados en la muerte demuestran el grado de complicidad existente con oficios destinados a tareas judiciales o de Justicia. Así fueron acusados en mayor o menor grado de participar en los hechos el alguacil mayor de la villa Francisco Martínez del Álamo, el escribano Antonio Vicente de Céspedes y el abogado del alcalde ordinario noble, huido un año después de los hechos, D. Juan de los Reyes, a los que la Real Chancillería de Granada embargó bienes por valor de 400 ducados. ^[4]

Como afirmábamos líneas atrás, el envío de un juez especial por parte de la Corona era práctica habitual en estos casos. Tales magistrados solían proceder con energía, y dilataban frecuentemente su estancia en el lugar de los hechos para aumentar sus honorarios. Sin embargo las sentencias dictadas por tales magistrados no eran fácilmente aplicadas, pues no correspondía a ellos velar por su cumplimiento. Después el tiempo, las apelaciones y la lentitud de los tribunales contribuían a atenuar las penas o a suprimirlas.

Estas rivalidades entre distintas localidades o dentro de un misma villa o ciudad, a veces estallaban en ruidosos motines y alteraciones populares, que no eran tan espontaneos como a veces se ha creído, ya que tenían planteamientos ideológicos y dirigentes concretos, como se demuestra a partir de investigaciones recientes. Tampoco estaban, necesariamente vinculadas a hambrunas o periodos de escasez, aunque indudablemente una mala coyuntura económica contribuía a radicalizar actitudes y a aumentar el descontento.

Las disputas no siempre tenían consecuencias tan trágicas pero contribuían a crear un ambiente sórdido en los nucleos urbanos más pequeños. Así en 1695 un individuo fue nombrado escribano del Cabildo de Huelma, y tras obtener el título correspondiente mediante el pago de cien ducados, hubo un cambio en los oficios del Concejo y fue despedido y sustituido por otro

"por odio y mala boluntad que me tienen, sin dar causa y por bengarse, como, lo tenían amenazado, zelebraron un cabildo, el segundo que han tenido desde que son capitulares y en él me rebocaron dicho nombramiento e instantáneamente me apremiaron con prisión al embargo y llabe y papeles de dicho oficio..." ^[5]

Y en 1699 se encontraba en la cárcel de Huelma el alguacil mayor de la villa, después de haber sido residenciado por la Real Chancillería de Granada, y declaraba ante escribano estar preso por "odio y venganza " del alcalde mayor al que alguna vez había apresado por hacer contrabando de tabaco. En una ocasión, decía el infortunado alguacil, el alcalde mayor detenido, se fugó de la cárcel de la villa, tras herir al alcaide, y "le salió a un camino detrás de una retama apuntándole con una escopeta y le escribió una carta amenazándole de muerte" ^[6]

Otra fuente de conflictos procedía de las tensiones existentes entre Jaén y las villas dependientes, en mayor o menor grado, de su corregimiento. Eran años en los que los lugares trataban de eximirse de las ciudades y villas más poderosas. Este criterio de patriotismo local, alimentado en muchas ocasiones por notorios intereses, propiciaba muchos enfrentamientos. A veces la exención ya se había conseguido, pero se soportaban mal las injerencias, o las justas competencias según los casos, de Jaén en aspectos derivados de la administración y el gobierno de los pueblos del corregimiento.

Las rivalidades se producían también en el seno de las oligarquías locales, dentro del mismo estamento nobiliario. En el Cabildo Municipal de Jaén se produjeron agresiones y enfrentaminetos armados, protagonizados por prestigiosos caballeros veinticuatro. Viejas heridas y rencores originaban actitudes de consecuencias a veces trágicas, como debió de ocurrir con la muerte de D. Alonso de Biedma, veinticuatro de Jaén, de la que se culpó a varios miembros de los Contreras, de gran peso en el gobierno de la ciudad citada. El autor del crimen  fue, al parecer, D. Diego de Contreras que en 1626 se encontraba posiblemente en Italia, como soldado a las órdenes del duque de Feria. ^[7]