2. Los mendigos.

            El miedo a la pobreza estaba muy generalizado. La pobreza coexistía con gran parte de la población, en la que la mera subsistencia era su preocupación diaria. Luis Coronas, en su estudio del siglo XVII en Jaén dice así: "Por todas partes aparecen pobres, unos de solemnidad, otros vergonzantes y otros pobres a secas. La pobreza se extiende tanto para aquel que no posee nada como a veces para el que tiene algo e incluso trabaja"([1]).

            Cada vez que había crisis de subsistencias a la ciudad de Jaén acudían pobres del contorno rural, campesinos indigentes que acudían a mendigar, aumentando el número de ellos considerablemente y produciendo la lógica preocupación entre las autoridades y las clases acomodadas. Las mismas autoridades, para evitar el incremento de mendigos, llevaban a establecer clases entre ellos: los que vivían en Jaén y los forasteros. A estos últimos se les podía expulsar. Este es el caso del año 1619, cuando el Ayuntamiento, para aplicar una mayor beneficencia a los mendigos de la ciudad, realizó un control de los vecinos pobres, entregándoles a éstos unas "estampas de bronce", que debían llevar colgadas, con la imagen de la Inmaculada Concepción en el anverso y el escudo de la ciudad en el reverso([2]).

            Esta situación se repitió frecuentemente en la ciudad, como en 1677, cuando el Obispo colaboró con más de 1.500 limosnas cada día, así como otros particulares acomodados. En 1681 el Ayuntamiento de Jaén hace referencia a la gran pobreza existente en la ciudad y su impotencia para alimentar a tanto pobre, pues sólo podían atender a 50 pobres cada día. También se habló de identificar a los vecinos pobres de la ciudad con una tarja de plomo o latón([3]). Muchos pobres dormían en las calles, su imagen estaba día y noche presente en las clases acomodadas, el miedo a un tumulto por hambre debía de estar presente en la mente de estas personas, aunque no tanto como la aflicción que provocaba la pobreza en el mendigo. En 1652, las alteraciones andaluzas en Granada, Córdoba y Sevilla pusieron en guardia a las autoridades giennenses ante los posibles motines. Ese mismo año hubo en Pegalajar un presagio de alborotos, y para su control se envió al caballero veinticuatro Antonio Fernández de Biedma. Al año siguiente, en 1653, el Ayuntamiento de Jaén nombró alcalde de la Santa Hermandad a Luis López de Mendoza y Nicuesa, aunque no le correspondía aquel año, porque se le consideraba una persona con valía capaz de contener los desordenes que se esperaban. En 1677 la revuelta de hambre no se pudo contener en Úbeda, donde se realizó una durísima represión con más de 60 pobres detenidos([4]). En la ciudad de Jaén no se llegó a tanto; sin embargo, en 1685, en el cabildo municipal se estudió la prórroga del servicio de Millones por otros seis años. Uno de los capitulares, entre las causas por las que justificó su oposición, objetó la siguiente:

              "Lo quarto en no aver sustançia en los basallos, pues se ve que con los continuos trabajos de peste, esterilidad de años, baja de moneda se cayn los hombres muertos de neçesidad sin tener fuerças para el alimento cotidiano"([5]).

            Por ello, el miedo al pobre motivaba también el interés en la labor benéfica por parte de las autoridades civiles  y eclesiásticas. Algunos particulares también colaboraron en el fomento de labores asistenciales. Así, en la ciudad de Jaén, Luis de Torres y Portugal fundó el Hospital de la Madre de Dios a finales del siglo XV, que dejó de funcionar en los años veinte del siglo XVII. Alonso del Salto fundó el Hospital de San Antonio de Padua en 1528. Tomás de Vera gestionó en 1687 un hospital para mendigos y pobres. Francisco de Piédrola y Moya fundó en el siglo XVII el Hospital de Jesús, María y José para mujeres enfermas incurables. El cérigo Luis de Herrera y Velasco fundó el Hospicio-Refugio de la Inmaculada Concepción para convalecientes,...([6]).

            El hambre y la desnutrición también contribuían al desarrollo de las enfermedades en los pobres. La peste, el cólera y todas las epidemias tenían en el pobre una mayor identificación que en ninguna otra clase. Por otro lado, el miedo a la pobreza no era ya tanto personal como familiar. Los hijos nacidos en familias pobres tenían una probabilidad de supervivencia mucho menor que el resto, como lo demuestra el hecho de que a mediados del siglo XIX en la ciudad de Jaén el 82,14 % de los sepelios de los niños entre 1 y 5 años eran de limosna. También la desnutrición les hacía más propensos a las enfermedades.

            Las familias pobres buscaban solución donde la hubiese, e incluso llegaban a declarar a sus hijos expósitos. Así en la ciudad de Jaén, a mediados del siglo XIX, los expósitos suponían entre el 10 y el 13 % de los nacidos, una proporción que no correspondía a la realidad, pues entre ellos había muchos nacidos de legítimo matrimonio que eran echados a la inclusa con el fin de sacarlos después sus madres y así percibir el salario que la beneficiencia pública daba por lactancia([7]).

            La mayoría de los mendigos eran víctimas de la evolución económica, como jornaleros rurales y obreros urbanos impulsados al paro por las recensiones periódicas y el crecimiento demográfico. Muchos de ellos deambularon de la ciudad al campo y en sentido inverso. El hambre engendraba la mendicidad. Las instituciones de beneficencia eran insuficientes en las ciudades y faltaban en la mayoría de los pueblos, de ahí ese deambular en busca de su sustento. Eran rostros extraños e inquietantes que provocaban el miedo entre los vecinos de la ciudad, a veces unidos al "ejército de reserva" de vecinos desocupados que surgía con las crisis de subsistencias. Se creaba así el caldo de cultivo de posibles motines y crecía también el temor a esos mendigos vagabundos sobre los que circulaban los peores rumores.

            Los mendigos provocaban temor en las clases acomodadas, bien por las alteraciones de orden que podían provocar en un momento determinado, o por ser portadores de enfermedades contagiosas. A veces se intentó controlarlos. En la provincia, en el siglo XIX, se intentó implantar una licencia para mendigar, sin que ello fuese solución. La Guardia Civil hacía frecuentes detenciones de pobres indocumentados y sin licencia para mendigar, lo que ocasionaba gastos en su conducción y mantenimiento a los pueblos que se señalaban como de su naturaleza, resultando muchas veces, tras la consulta de los padrones y libros parroquiales, que no pertenecían a la vecindad señalada La única forma de borrar el espectáculo que suponía una población ambulante y miserable, que según las autoridades utilizaban la mendicidad como "industria", era la creación de asilos de pobres, cuyos fondos sólo podían obtenerse de la caridad privada([8]). Estos asilos y la caridad privada nunca fueron suficientes cuando las crisis de subsistencias eran duras.

            Los años de malas cosechas aterrorizaban a la población. Así, en 1838, en referencia al repartimiento de rentas provinciales en la población, la corporación municipal de Pegalajar es explícita al describir la situación:

               "... hemos visto con dolor, centenares de hombres traspasados de hambre, con el sello funesto de ella en el rostro..."([9]).

            Situación que crónicamente se repetía en la provincia hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, la mejora de las vías de comunicación y una mayor especialización agrícola desterraron, salvo en períodos muy puntuales, las grandes hambrunas pasadas.

            Como antes hemos comentado, la tradicional solución a la pobreza crónica fueron las instituciones de Beneficencia, que supusieron un intento por atender las necesidades básicas de gran parte de la población sumida en la pobreza, ausente de atención sanitaria, asilos, cobijo, etc. Estas instituciones eran de caridad y sus bienes procedían de donaciones particulares, siendo la ayuda municipal mínima. Sus atenciones estaban limitadas a las rentas que recibían.

            En 1821, para coordinar la Beneficencia, se crearon las juntas municipales de Beneficencia, suprimidas más tarde y de nuevo restablecidas por R. D. de 8-septiembre-1836([10]), las cuales regían estos establecimientos en los distintos pueblos. Otra reforma tuvo lugar por la R. O. de 8-septiembre-1846, que clasificaba los establecimientos de Beneficencia en municipales y provinciales, suprimiéndose algunos. Quedaron como provinciales solo la Casa de Expósitos, Hospital San Juan de Dios, Asilo y Hospicio, todos ellos situados en la capital (los hospicios de Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza y Úbeda quedaban como hijuelas dependientes del de la capital), cuyos gastos superaban con mucho a los municipales; 14 hospitales de enfermos, 3 de ancianos y 7 de pasajeros distribuidos por los pueblos de la provincia se declaraban establecimientos municipales, algunos de ellos sin más renta que la casa hospital; siendo suprimidos otros 8 pequeños hospitales municipales([11]). En estos establecimientos las condiciones higiénico-sanitarias dejaban mucho que desear y la mortandad era muy elevada.

            Por otro lado, también existía una Beneficencia Domiciliaria en muchas localidades de la provincia, sobre todo en épocas de crisis de subsistencias o como un intento de calmar la mendicidad crónica. Las juntas municipales de Beneficencia, que se formaron en el siglo XIX a raíz de las reformas liberales, trataron de regular por orden del Gobierno la Beneficencia Domiciliaria. Entre sus objetivos estaba la investigación de las necesidades sanitarias de la población, con el fin de conocer "si es real o ficticia" la pobreza del que recibe la ayuda, consistente en médico, medicinas, cirujano y socorro en especie, tratando de erradicar la mendicidad de las calles([12]). Un objetivo utópico que no llegó a cumplirse ante la precaridad de sus fondos que provenían de lo poco que pudiesen aportar las agotadas arcas de los municipios, así como subcripciones y limosnas.